Clippings - Prensa - El País

Un rastro tóxico que llega a Buenos Aires - El País - 28/07/2020

Subterráneos de Buenos Aires, que gestiona el metro de la capital de Argentina, también ha demandado a Metro de Madrid por el amianto. En concreto, por la venta de varios trenes con el material (36 vagones) realizada en 2011, más de diez años después de que el Gobierno de España prohibiera la "utilización, producción y comercialización" de fibras de amianto o elementos que las contuvieran.

Subte pide casi 15 millones de euros (14.978.395) más intereses por daños y perjuicios al considerar que la venta que realizó la empresa pública madrileña, gestionada por la Comunidad, pudo ser ilegal. Cuando se realizó la venta, Esperanza Aguirre ejercía de presidenta regional.

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Qué esperan para prejubilarme, ¿a que muera? - El País - 28/07/2020

"La charla sobre el amianto duró más o menos una hora", recuerda Santos González, trabajador de Metro de 60 años. Empezó en el suburbano en 1979 y antes de esa charla, celebrada en 2017, ya había oído hablar del amianto. Fue unos años antes, en 2013, cuando le diagnosticaron asbestosis. La Seguridad Social le reconoció la enfermedad laboral cinco años después. Metro esperó aún más, hasta 2019. Como en el caso de Julián Martín, que falleció a causa de la enfermedad, el chequeo médico anual que la empresa pública realiza a sus trabajadores tampoco encontró ninguna afección a Santos. Fue su médico de cabecera el que lo derivó al neumólogo. Tras realizarle unas pruebas, le lanzó una pregunta: "¿Hay amianto en su lugar de trabajo".

Santos trabajó hasta 2007 en el equipo que reparaba las escaleras mecánicas. "Iba por las estaciones, según fallaban", recuerda, "a veces de noche, a veces de día, con viajeros pasando". Sabía que algunas de las piezas -"las zapatas de freno de las escaleras, algún conector, el útil de soldar pasamanos"- llevaban o estaban hechas de amianto. "Soltaban un polvo blanquecino y las zapatas, del desgaste, algo más parecido a un humo", describe.

Metro sabe desde al menos principios de los noventa que hay amianto en su red. Más de una década antes, en 1976, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ya lo etiquetó como cancerígeno. En 1984, y debido a su toxicidad, se prohibió una de sus seis variantes (la azul); en 1993 ocurrió lo mismo con la marrón. Dos años después, la Ley de Riesgos Laborales (la 31) reconoció la peligrosidad del amianto para los trabajadores además de obligar a las empresas a protegerlos (la norma fue sustituida por el Real Decreto 396 de 2006 que ya estableció "mínimos de seguridad para los trabajos con riesgo de exposición al amianto").

Tras la constatación de su peligrosidad, y adaptando una normativa europea, España prohibió en 2002 la producción, comercialización o instalación de amianto. Un año después, Metro inventarió y mapeó su red para identificar todo el asbesto presente en la misma. Obviando toda la normativa vigente, la empresa pública nunca informó a sus trabajadores de ninguna de estas acciones. Tampoco protegió a aquellos que lo manipulaban directamente.

Los primeros síntomas de asbestosis se evidencian entre 10 y 20 años después de la exposición. Cualquier tipo de cáncer derivado del material tarda entre 20 y 40 años en aflorar. Un periodo de latencia que "dificulta extraordinariamente el reconocimiento y la cuantificación de la enfermedad", concluye la investigación Los riesgos del amianto en España (1960-2002).

El número real de afectados en España no se conoce: las asociaciones de víctimas del material hablan de más de 200.000 hasta el año 2040. Alemania, Reino Unido, Francia o Polonia, países con mayor fiscalización de la gestión del material, declaran entre 2.000 y 4.000 casos al año por lo que en España se estiman en los mil anuales procedentes de manufactureras de productos de amianto; de la movilidad (carreteras por el asfalto; ferroviarios; astilleros, mecánicos…); o de la construcción.

Por otro lado, si las primeras consecuencias del amianto tardan décadas en aparecer, el reconocimiento como víctima requiere de al menos uno o dos años. Ese es el tiempo que la Seguridad Social invierte de media en resolver estos casos. Después, Metro debe acatar el dictamen. Si no lo hacen, se alarga el proceso. De hecho, en varios casos de trabajadores enfermos, el suburbano ha recurrido el dictamen de la Seguridad Social.

Hasta recibir su diagnóstico, Santos nunca había sido consciente de lo peligroso que era el material. Nadie le informó de nada. "Me dejó hecho polvo". Debido a la enfermedad, se fatiga: "No puedo cargar peso, ni andar deprisa. No puedo hacer muchas cosas que hacía porque me agoto", relata. A pesar de tener la asbestosis reconocida, la compañía no le ha dado la baja. Actualmente lo está, pero por depresión: "Llevamos ya varios muertos y no dejan de salir casos. Cada vez que voy a un reconocimiento no puedo evitar pensar: ¿me toca a mí ya ". Santos considera que, con más de 40 años de servicio y una enfermedad laboral con graves consecuencias, deberían de prejubilarle: "¿A qué esperan ¿A que me muera?".

Humillo blanquecino

"Si la empresa realmente no tienen nada que ocultar, que sea transparente y responsable", exige David Arteaga, de 40 años. Es maquinista de Metro desde hace tres lustros y le quita el sueño el amianto. No se le va de la cabeza "un humillo blanquecino" que, cuando comenzó a trabajar en el metro, emanaba de las ruedas de los trenes más viejos al frenar. "Todos estamos preocupados; el que dijera lo contrario mentiría", resumen camino del hospital. Va a hacerse un TAC.

Metro prometió en 2018 realizar esa prueba, que determina la presencia de amianto en el organismo, a sus trabajadores. Los sindicatos entendieron que se referían a todos, a los 7.000, pero la compañía decidió que solo haría la prueba al personal con riesgo de exposición. Los maquinistas no entran en esta categoría: "No han trabajado con el material", justifican desde la compañía. "¿No estamos expuestos ¿Entonces por qué han fallecido dos compañeros maquinistas con la enfermedad reconocida ", clama Arteaga.

Ante la "pasividad de la empresa", el Sindicato de Maquinistas de Metro ofreció a sus afiliados con más de 15 años de antigüedad, cubrirles un TAC. Desde el pasado octubre, decenas de ellos se está haciendo pruebas. En algunas, como la de Arteaga, no ha salido nada. En otros casos el resultado no ha sido tan positivo. "Sería aconsejable que se hiciera esa prueba a todos los trabajadores con sospechas de exposición", recomienda Jaume Ferrer, jefe del servicio de neumología del Hospital Vall d'Hebron. Remarca que en Metro de Barcelona "el servicio médico de transportes metropolitanos ha efectuado un TAC a la mayoría de trabajadores expuestos, aplicando un sistema de vigilancia superior al exigido oficialmente; en otras palabras, han querido llegar hasta el fondo".

"Estamos intentando rectificar cosas que eran difíciles de entender en torno a algo muy sensible", asegura el consejero de transportes Ángel Garrido (Cs) que con renuencia reconoce que "algo se ha hecho mal" con las víctimas del amianto. Garrido estaba al frente del Gobierno regional, bajo las siglas del PP, primero como consejero de presidencia y justicia (2015-2018) y luego como presidente (20182019), cuando apareció el primer caso.